La abogada defensora de Ricardo Ramírez del Cid, exdirector de la Policía Nacional de Honduras, confirmó la entrega de su cliente en Madrid, España. Ramírez del Cid, quien había estado fuera del país desde antes de 2022, enfrenta acusaciones de lavado de activos en el marco de la Operación Némesis VII. La Comisión Depuradora remitió el expediente al Ministerio Público, que inició el proceso judicial en 2022. La defensa, liderada por Brenda Cruz, sostiene que poseen pruebas suficientes para desvirtuar la acusación.

El secretario de seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, informó que trabajan en una negociación desde hace dos semanas. Esta acción surgió después de que Ramírez del Cid se comunicara de manera voluntaria por teléfono, manifestando su intención de renunciar al asilo político que él y su esposa, Thelma Carmina Umaña, habían recibido. Ambos están involucrados en el proceso de investigación.

Sánchez Velásquez reveló que un equipo de INTERPOL Honduras viajó a España para ejecutar el proceso de entrega. La situación se complica debido a las implicaciones de la Operación Némesis VII, que el Ministerio Público ejecutó en 2022, enfocándose en 40 bienes pertenecientes a Ramírez del Cid y su esposa. Se solicitó la privación definitiva del dominio de estos bienes.

Entre los bienes en cuestión, se encuentran 15 propiedades (residencias y terrenos), seis vehículos, 16 cuentas bancarias, dos sociedades mercantiles y un lote de semovientes. La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) identificaron estos activos. El proceso legal inició con órdenes de captura y aseguramientos promovidos en febrero de 2021 contra la pareja.

Las investigaciones revelaron que, entre 2007 y 2016, Ramírez del Cid realizó movimientos financieros superiores a 37 millones de lempiras. Las autoridades encontraron incongruencias y conexiones con actividades ilícitas que ascienden a casi 27 millones de lempiras. Además, se descubrió que Thelma Carmina Umaña posee más de un millón de lempiras sin justificación.

Los bienes en riesgo de confiscación incluyen tres inmuebles en Nacaome, Valle, destacando la Lotificadora Villas Belén, que abarca más de 400 lotes de terreno, y una propiedad en Guanaja, Islas de la Bahía. También se mencionó un fideicomiso con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), firmado en 2014 por un monto superior a 400 millones de lempiras. La situación legal de Ramírez del Cid y Umaña se tornará más crítica a medida que avance el proceso judicial.

La audiencia de declaración de imputado fue programada para mañana.