El asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024, expone la peligrosa red de corrupción que rodea la defensa del medio ambiente en Honduras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había advertido al Estado sobre el riesgo que corrían López y otros 12 defensores del Parque Nacional Carlos Escaleras en su resolución 55/2023.
López enfrentó amenazas directas desde 2023, incluidas campañas de difamación y vigilancia constante por parte de personas vinculadas a la empresa minera Inversiones Los Pinares, parte del grupo EMCO, una multinacional que, según la abogada Kennia Oliva, no cumplió con los procesos legales ni los permisos ambientales requeridos. A pesar de la advertencia, el Mecanismo Nacional de Protección le otorgó medidas de protección que no se ejecutaron adecuadamente.
Fragmento de la resolución 55/2023
El informe técnico presentado en julio de 2024 ante el Congreso Nacional, que sugería la cancelación de la licencia ambiental de la minera por la contaminación del río Guapinol, fue ignorado por las autoridades. A pesar de la evidencia que incluía pruebas de laboratorio sobre la contaminación y supuesta falsificación de documentos, ni la Fiscalía General ni el Instituto de Conservación Forestal (ICF) actuaron.
La violencia, la contaminación de ríos y la deforestación no solo han afectado a la región, sino que también han cobrado la vida de quienes luchan por protegerla. El asesinato de Juan López resalta la falta de voluntad política para proteger a los defensores del ambiente en Honduras, mientras la impunidad sigue fortaleciendo las redes de corrupción y destrucción ambiental.