CNBS y el caso Koriun en perspectiva

Después de semanas de incertidumbre, Honduras se vio sacudida por el escándalo de Koriun Inversiones. Esta empresa, surgida hace seis años en Choloma, Cortés, prometía ganancias semanales del 5% (¡20% mensual!) a decenas de miles de hondureños. Y, durante un tiempo, cumplió: más de 35,000 personas llegaron a “invertir” sus ahorros atraídas por la promesa de duplicar su dinero en medio año. Pero la bonanza era un espejismo. A finales de abril de 2025, el Ministerio Público allanó las oficinas de Koriun en todo el país, encontrando un botín de 358 millones de lempiras en efectivo escondido en cajas y bóvedas. La investigación confirmó lo que muchos temían: Koriun operaba como un clásico esquema Ponzi, pagando a los antiguos inversionistas con el dinero fresco de los nuevos. Paradójicamente, a pesar de la flagrante ilegalidad, cientos de afectados salieron a las calles a defender a la empresa, exigiendo al Gobierno que la dejara seguir operando –“si perdemos, perdemos nosotros… ¡es nuestro dinero!” gritaban– y culpando al Estado de haber arruinado un negocio que “funcionaba bien”. La situación se convirtió en una encrucijada peligrosa: un fraude financiero gestado bajo permisividad institucional, con un permiso de operaciones reciente concedido por la alcaldía de Choloma, amenazaba con transformarse en crisis social y política.

Frente a la presión de miles de inversionistas enfurecidos, las autoridades optaron por una medida tan inusual como polémica. En vez de asegurar los activos y judicializar el caso de inmediato, como normalmente se haría según protocolo, dejaron el efectivo en donde lo encontraron y un juzgado de privación de dominio ordenó descongelar las cuentas de Koriun (con poco más de 68 millones) para que fuese la propia empresa la que devolviera el dinero a sus clientes, bajo supervisión estatal. Así, a partir del 12 de mayo de 2025, equipos técnicos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y fiscales ingresaron a las oficinas de Koriun para vigilar la devolución de fondos, incluso en presencia de representantes de los inversionistas. Sin embargo, muy pronto quedó en evidencia un enorme faltante de dinero. De los L358 millones encontrados inicialmente, apenas se pudieron verificar unos L90 millones devueltos el primer día; cerca de L268 millones desaparecieron misteriosamente durante el caótico proceso de reembolso, sin que hubiese comprobantes claros de adónde fueron a parar. Peor aún, se supo que mientras devolvían fondos a algunos clientes privilegiados (principalmente los de montos más altos), Koriun siguió captando nuevos depósitos de otros socios incautos que creyeron –erróneamente– que la empresa continuaría operando con normalidad. El manejo fue tan opaco y desordenado que, a ojos de muchos, las autoridades terminaron validando con prisas un esquema fraudulento.

La respuesta oficial, de devolver el dinero apresuradamente sin indagar el origen de los fondos, encendió alarmas dentro y fuera del país. Un exfuncionario de la CNBS –que pidió el anonimato por seguridad– resumió el estupor general: “Se han saltado todos los protocolos básicos contra el lavado de activos”, advirtió, calificando lo ocurrido como “un retroceso inadmisible” en la supervisión financiera. Y es que nunca antes en Honduras se había procedido así ante un fraude: normalmente, los fondos sospechosos se congelan y se investigan, no se reparten con prisa. El mensaje que se envió, apuntó esa fuente, es nefasto: “Si un esquema ilegal colapsa, el gobierno interviene para pagar, sin preguntar de dónde salió el dinero. Esto convierte al Estado en cómplice involuntario del delito”. De hecho, la Ley Especial Contra el Delito de Lavado de Activos establece procedimientos claros: cuando se detectan fondos de procedencia dudosa se inmovilizan y se investigan; si se prueba su origen ilícito, se confiscan en favor del Estado. Saltarse estos pasos no solo es irregular, podría ser abiertamente ilegal. En pocas palabras, con el actuar errático de las autoridades se abrió “una puerta trasera para el lavado de dinero con el aval del Estado”. Al devolver todos los fondos sin discriminar origen, se legitimó de facto recursos potencialmente ilícitos, tratándolos como dinero limpio merecedor de ser devuelto. Si entre los miles de “socios” de Koriun había quienes usaron la empresa para blanquear capitales mal habidos, ahora el Estado les estará devolviendo ese dinero libre de polvo y paja, con sello de aprobación oficial. Fondos sucios entraron a Koriun sin control, y salen de Koriun mediante un proceso supervisado por el gobierno, limpios a ojos de la ley. Estamos, esencialmente, ante un posible lavado de activos institucionalizado.

Fuera del radar: el vacío legal de Koriun

En medio del clamor público por encontrar culpables, muchas miradas se han posado sobre la CNBS. ¿Cómo es posible –se preguntan ciudadanos, políticos y hasta inversionistas estafados– que un fraude piramidal moviera decenas de millones durante tantos años sin que el ente regulador hiciera nada? ¿Acaso la CNBS falló en su mandato de supervisión? La respuesta, por incómoda que sea, radica en el marco legal aplicable. Koriun Inversiones nunca formó parte del sistema financiero regulado de Honduras. Aunque operaba como financiera de facto, legalmente era “una empresa mercantil, no una institución financiera”, como recalcó el presidente de la CNBS, Marcio Sierra. En la práctica, esto situó a Koriun fuera del perímetro de supervisión directa del ente regulador. Sencillamente, la ley no le confería a la CNBS autoridad inmediata sobre una empresa que captaba dinero del público sin autorización, al margen de todo registro financiero oficial.

Para entender este vacío, conviene repasar los fundamentos legales. La Ley de Instituciones del Sistema Financiero (LISF, Decreto 170-95) define que cualquier entidad –nacional o extranjera– que “se dedique en forma habitual y sistemática a la intermediación financiera” con recursos obtenidos del público (depósitos, préstamos, títulos, etc.) se considera institución del sistema financiero. En teoría, Koriun encajaba en esa definición por la actividad que realizaba. Sin embargo, dicha ley también establece que para operar como institución financiera se requiere autorización previa del Estado: el Banco Central de Honduras debe aprobar su constitución, previo dictamen favorable de la CNBS, e inscribirla como tal. Koriun nunca obtuvo tal autorización –ni siquiera la solicitó–, por lo que su actividad era, desde el inicio, clandestina en términos regulatorios. En otras palabras, estaba violando la ley desde el día uno, pero al no estar inscrita como institución financiera, escapaba a la supervisión cotidiana que la CNBS ejerce sobre los bancos y sociedades financieras formales.

La Ley de la CNBS (Decreto 155-95) refuerza este punto al delimitar claramente el alcance de la Comisión. El Artículo 6 de esa ley dispone que la CNBS, a través de la Superintendencia, ejercerá la vigilancia, supervisión y control solo sobre las instituciones bancarias, aseguradoras, reaseguradoras, financieras, asociaciones de ahorro y préstamo, almacenes de depósito, bolsas de valores, casas de cambio, administradoras de pensiones y demás entidades análogas legalmente autorizadas. Es decir, su mandato cubre el sistema financiero formal: aquellas entidades legalmente constituidas y aprobadas para captar recursos del público. Fuera de ese ámbito, la CNBS carece de jurisdicción directa. No puede regular ni sancionar a empresas informales que, de hecho, realizan intermediación financiera sin permiso. Esa labor –la de perseguir la captación ilegal de fondos o el fraude financiero informal– recae en la justicia penal: Ministerio Público y tribunales.

En resumen, Koriun operaba en tierra de nadie. Durante seis años funcionó sin licencia financiera, sin modelo productivo y sin supervisión del Estado. Y no lo hizo en las sombras, sino a plena luz del día: con locales comerciales abiertos, promotoras uniformadas, testimonios triunfalistas en TikTok y pagos de dividendos semanales en efectivo. Ese despliegue público y el volumen alcanzado (miles de clientes, millones en circulación) son evidencia de fallas graves en la capacidad del Estado para controlar el crimen financiero informal. Pero dichas fallas no corresponden a la CNBS en su rol técnico, sino a un vacío institucional más amplio. La Comisión de Bancos y Seguros advirtió –cuando el fenómeno finalmente tocó a su puerta– que invertir en Koriun era “bajo responsabilidad de cada quien”, e incluso su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió alertas tempranas cuando detectó movimientos inusuales en el sistema bancario asociados a la empresa. Es gracias a esos informes de la UIF que, a inicios de 2025, el Ministerio Público realizó las primeras inspecciones in situ, descubriendo la ausencia total de registros contables en Koriun. En otras palabras, dentro de sus competencias, la CNBS sí actuó: encendió las alarmas y colaboró técnicamente con las autoridades competentes. Lo que no podía hacer –porque la ley no se lo permite– era intervenir directamente en una entidad que operaba sin autorización ni reconocimiento legal. Pretender lo contrario sería exigirle a la Comisión que actuara ultra vires, es decir, más allá de sus facultades legales.

Marcio Sierra: perfil de un regulador técnico

En este contexto, resulta irónico que algunos pidan la cabeza del ingeniero Marcio Sierra Discua, presidente de la CNBS, señalándolo como si fuera responsable del colapso de Koriun. Sierra, un ingeniero industrial con maestría en Economía, no es un político tradicional, sino un técnico con trayectoria en planificación financiera y modernización institucional. Llegó a liderar la CNBS en 2022 con la misión de fortalecer la estabilidad y promover la inclusión financiera, tras años de desempeño destacado en proyectos de gestión pública por resultados. Bajo su dirección, la CNBS ha impulsado la actualización tecnológica del sistema financiero y programas de educación para el usuario bancario. Quienes lo conocen describen a Sierra como reservado y metódico, celoso de la independencia técnica de la Comisión. Y es que la CNBS, por mandato legal, goza de autonomía administrativa y presupuestaria; funciona con “absoluta independencia técnica” respecto del Banco Central y del Poder Ejecutivo. Esa autonomía –poco común en otras dependencias del Estado– es clave para que el regulador bancario actúe con rigor técnico, sin interferencias políticas indebidas.

El propio Sierra, desde un inicio, fue claro sobre Koriun: lo llamó por su nombre –“una estafa”– y aclaró que la empresa no estaba bajo supervisión de la CNBS al operar fuera del sistema financiero legal. También advirtió públicamente que nadie rescataría a quienes voluntariamente arriesgaban su dinero en ese esquema. Es decir, marcó distancia entre el fraude piramidal y el sistema bancario formal, buscando contener cualquier contagio de pánico o confusión. En efecto, una de las mayores preocupaciones de Sierra y la CNBS ha sido proteger la confianza en el sistema bancario nacional, evitando que el caso Koriun –ajeno a los bancos regulados– manche la reputación de las instituciones legítimas. “El sistema financiero se mantiene sólido, con altos niveles de liquidez y solvencia”, aseguró en múltiples ocasiones, subrayando que ningún banco o financiera supervisada estuvo involucrado en las operaciones de Koriun. Esa diferenciación es crucial: Koriun captaba dinero porque mucha gente desconfiaba de la banca formal o buscaba rendimientos imposibles, pero los bancos en Honduras continúan cumpliendo con normas estrictas de la CNBS, incluyendo límites de riesgo, provisiones y controles antilavado. Sierra sabe que, en finanzas, la confianza lo es todo. Y la CNBS –como guardián técnico– es la institución encargada de velar por esa confianza.

El chivo expiatorio y sus peligros

Aun así, el ambiente caldeado ha provocado una tentación populista de buscar chivos expiatorios. Es más fácil señalar a la CNBS (y a su titular) como responsables de “no haber frenado a tiempo” la estafa, que admitir las omisiones estructurales del Estado en su conjunto. Voces prominentes han caído en esa simplificación. El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facussé, por ejemplo, “solicitó respetuosamente” la renuncia de Marcio Sierra por la “incapacidad del Estado, demostrada a través de la CNBS, de no haber frenado esta situación en el tiempo correspondiente”. Algunos analistas han tildado de “irregular” la participación de la CNBS en la intervención de Koriun, como si coordinar técnicamente la devolución de fondos (por orden judicial) fuese más reprochable que la misma estafa. Incluso el exfiscal general Edmundo Orellana –exministro de transparencia de esta administración– llegó a afirmar que existía “responsabilidad” de la CNBS, del Ministerio Público e incluso de los bancos comerciales en este caso, por supuestamente no actuar con mayor premura. Orellana criticó con vehemencia las declaraciones oficiales y cuestionó por qué no se incautó todo el dinero ni se procesó inmediatamente a los involucrados. En su interpretación, al no haber un delito tipificado claramente contra la captación irregular de dinero, se estaría sentando “un precedente de impunidad” para que “cualquiera pueda hacer lo mismo sin temor alguno”.

Este coro de señalamientos refleja la necesidad de encontrar un culpable sencillo ante un problema complejo. Pero centrar el fuego en la CNBS es no solo injusto, sino sumamente peligroso. Primero, porque desvía la atención de los verdaderos causantes del fraude –los operadores de Koriun y sus posibles cómplices en la informalidad criminal– y de las fallas de todo un ecosistema de control (¿dónde estaban las alertas tempranas de otras agencias del Estado? ¿por qué fracasó la inteligencia policial para detectar un esquema piramidal tan masivo que operaba “a plena luz”?). Y segundo, porque al golpear inmerecidamente a una institución técnica clave, se corre el riesgo de debilitar la arquitectura de confianza del sistema financiero. Conviene recordar que la CNBS es una de las pocas entidades públicas con autonomía y perfil profesional que quedan en el país. Su labor silenciosa –regulando bancos, aseguradoras, financieras, cooperativas, casas de bolsa y más– ha sido fundamental para que Honduras mantenga en las últimas décadas una estabilidad bancaria notable, libre de quiebras bancarias sistémicas.

Si cedemos a la tentación de sacrificar a la CNBS en el altar de la opinión pública, las consecuencias podrían ser más graves que la propia estafa de Koriun. Al demonizar al regulador técnico, se contamina la percepción del sistema bancario en su conjunto. El gran público, menos versado en matices legales, podría perder la confianza no solo en “inversiones milagrosas” (que sería positivo), sino en los bancos formales y cooperativas legítimas, temiendo que también allí “no hay control”. Nada sería más infundado –pues la banca sí está estrictamente supervisada–, pero la desconfianza es un veneno que se propaga rápido. En el peor de los casos, podría gestarse un riesgo sistémico: imaginemos retiros masivos motivados por pánico o rumores, o simplemente una renuencia generalizada a utilizar los servicios bancarios formales, con el consiguiente florecimiento de mercados informales de crédito. Debilitar a la CNBS también podría abrir espacio a que maniobras políticas socaven la regulación financiera, con decisiones cortoplacistas que comprometan estándares prudenciales conquistados con esfuerzo.

Las implicaciones trascienden lo doméstico. En un mundo globalizado, la solidez de un sistema financiero se calibra también por la credibilidad de sus supervisores. Honduras ya vivió un duro golpe en 2009, cuando por fallas antilavado fue incluida en la “lista gris” del GAFI como jurisdicción no cooperante. Aquello tuvo consecuencias nefastas: el país fue visto como un paria financiero, “no era elegible para inversiones, no era confiable y era un país con problemas de lavado”, recordaba un experto. Salir de esa lista requirió años de reformas y trabajo técnico arduo. Hoy, el manejo cuestionable del caso Koriun ha encendido alertas de un posible retroceso. Si organismos internacionales perciben que Honduras relaja sus controles o –peor– que desde el propio gobierno se facilita la circulación de fondos de origen dudoso, las calificaciones del país podrían deteriorarse rápidamente. Volver a la lista gris significaría monitoreo intensivo y alertas para la banca corresponsal global de que cualquier transacción con Honduras conlleva alto riesgo. En la práctica, esto se traduciría en mayores costos y trabas para nuestras instituciones financieras en operaciones internacionales: transferencias retenidas, créditos encarecidos, escrutinio en cada movimiento transfronterizo. Los inversores extranjeros lo pensarían dos veces antes de traer capital a un país percibido como laxo frente al lavado. Y lo más triste es que ese daño potencial nos lo estaríamos provocando nosotros mismos, por decisiones apresuradas y discursos incendiarios en torno a un caso emblemático.

El colapso de Koriun Inversiones deja al descubierto un síntoma alarmante: la incapacidad del Estado hondureño para controlar las finanzas paralelas que operan al margen de la ley. Koriun no era (solo) una estafa, es un síntoma de un fenómeno más profundo. Es el síntoma de un país donde circula dinero ilícito –de la extorsión, del narcomenudeo, del contrabando– que busca desesperadamente vías para “lavarse” e integrarse a la economía formal. Koriun ofreció una solución perversa: mezclar dinero sucio con los ahorros esperanzados de miles de personas honestas, y convertirlo en dividendos aparentemente legítimos. Todo ello, aprovechando vacíos legales y la falta de coordinación de las autoridades para hacer cumplir las normas existentes. Porque leyes hay: la LISF prohíbe la captación de fondos sin autorización; la Ley Contra el Lavado de Activos exige controlar los flujos sospechosos; el Código Penal castiga la estafa y otras figuras afines. Pero de poco sirven las normas si no se detecta ni actúa a tiempo. Este caso debe conducirnos a repensar las estrategias de prevención y combate del delito financiero informal: mejorar la inteligencia financiera en campo, reforzar la cooperación entre entes (UIF, policía, fiscales, alcaldías), cerrar brechas normativas que hoy permiten que proliferen esquemas piramidales bajo disfraces mercantiles.

Sin embargo, en ese proceso de introspección y reforma, debemos resistir la tentación fácil de culpar a quienes menos lo merecen. La CNBS, con sus limitaciones legales, cumplió su rol técnico dentro de lo que la ley le permite. Pretender convertirla en villana es no entender dónde estuvo realmente la falla. Antes que debilitar a la CNBS, debemos fortalecerla. Proteger su autonomía, dotarla de mejores herramientas para monitorear incluso aquello que ocurre fuera del perímetro tradicional (por ejemplo, facultades para alertar más tempranamente sobre fenómenos de captación informal y colaborar en su desarticulación con el MP), y sobre todo respaldar su criterio técnico frente a presiones políticas de corto plazo. Si algo nos enseña esta saga, es que sacrificar la técnica en el altar de la demagogia solo agrava los problemas.

En última instancia, el caso Koriun nos deja una advertencia clara: el Estado no puede ausentarse del mundo financiero alterno que palpita fuera de los bancos. Cuando lo hace –cuando mira hacia otro lado mientras surgen “iglesias-financieras” o pirámides disfrazadas de cooperativa solidaria–, no solo permite estafas masivas, sino que mina la confianza en el orden financiero legítimo. Honduras necesita un Estado más presente y más capaz en la supervisión de esa frontera difusa entre lo formal y lo informal. Y para lograrlo, resulta contraproducente atacar a una de las pocas entidades que encarnan la capacidad técnica del Estado. No convirtamos a la CNBS en chivo expiatorio de frustraciones acumuladas. Al contrario, aprendamos la lección y hagamos piña en torno a nuestras instituciones técnicas, para que fraudes como Koriun no se repitan –y si surgen, se atajen sin convertir la búsqueda de justicia en un remedio peor que la enfermedad.

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Referencias: Las disposiciones legales citadas corresponden a la Ley de Instituciones del Sistema Financiero (Decreto 170-95) y la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (Decreto 155-95). Se incluyen además referencias periodísticas de ICN Digital icndigital.comicndigital.com, La Prensa laprensa.hn y otros medios nacionales dinero.hn, así como análisis de expertos en materia antilavado icndigital.comicndigital.com, para sustentar los argumentos vertidos en este artículo.