Informe del TSC confirma: Isis Cuéllar montó “esquema sistemático” de desvío de fondos de Sedesol
Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) concluyó que la diputada de Libre, Isis Carolina Cuéllar, empleó una forma sistemática de desvío de recursos del Fondo de Administración Solidaria (FAS) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), favoreciendo a personas vinculadas políticamente con ella, incluidos candidatos de su partido, familiares y allegados con solvencia económica.
El Informe Especial Penal 001-2025-DDISP-SEDESOL-A, del 29 de agosto, remitido al fiscal general, establece que los recursos no se asignaron a comunidades, patronatos, juntas de agua ni asociaciones como lo ordena el artículo 292 del Presupuesto 2023, sino que fueron gestionados por Cuéllar y su equipo, con la intervención indebida del Congreso Nacional.
Hasta el momento, el TSC solo había confirmado que el ente detectó indicios de responsabilidad penal sobre este caso y que lo entregó a la Fiscalía, pero no divulgó el reporte. No obstante, ICN News lo obtuvo mediante solicitud de información.
El informe, que confirma las irregularidades en el manejo de recursos que divulgó INC News, dice que mayo de 2023 se destinaron 6.5 millones de lempiras del Fondo de Administración Solidaria a solicitud de la diputada Isis Cuéllar, para obras sociales en Copán, de donde es originaria la parlamentaria.
Según el informe, “se procedió a la emisión de sesenta y siete (67) cheques, de los cuales nueve (9) solicitantes renunciaron a su cobro y procedieron a su devolución, por lo que fueron anulados en la Gerencia Administrativa, generando con ello el pago o cambio al efectivo de cincuenta y ocho (58) cheques por valor de cinco millones ciento seis mil seiscientos ochenta y un lempiras con treinta y cinco centavos (L. 5,106,681.35)”.
El ente contralor advirtió además que existió una ausencia total de controles internos, señalando que “la ausencia de procedimientos efectivos de control, revisión, análisis, supervisión, seguimiento y monitoreo en la asignación, ejecución y liquidación del fondo por parte del secretario de Estado, la gerente administrativa, los integrantes del Comité Técnico Interno y el director de Monitoreo Programático, permitió la ejecución de prácticas irregulares en la administración de los recursos”.
Ese vacío de fiscalización permitió el uso discrecional de fondos públicos, lo cual, según el informe, “vulnera gravemente el principio de legalidad y expone al Estado a un uso arbitrario de fondos públicos”.
Así, el TSC verificó la existencia de un esquema sistemático de desvío de recursos para beneficiar indebidamente a personas cercanas a la diputada, quien aspira a reelegirse.
“En la distribución irregular de fondos públicos, se verificó la existencia de una estrategia sistemática para la asignación de los recursos del Fondo de Administración Solidaria, destinada a beneficiar, de manera indebida, a personas vinculadas políticamente a la diputada Cuéllar Erazo, candidatos a cargos de elección popular del partido de gobierno, o que mantenían lazos de parentesco, afinidad o relaciones directas con la diputada Cuéllar Erazo, beneficiarios con condiciones económicas favorables por contar con una ocupación, trabajo público estable y poseer varios bienes inmuebles”, sostiene la investigación.
En la asignación de fondos para el desarrollo de obras sociales en el departamento de Copán, intervinieron el Congreso Nacional, la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo y su equipo de trabajo, es decir, como gestores de esos fondos; institución y actores distintos a los establecidos en el artículo 292 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año 2023 y demás normativa legal interna de la Sedesol.
Hubo entrega, dice el documento, de fondos, donde varios de los supuestos beneficiarios exteriorizaron que no recibieron la totalidad del valor correspondiente a la obra social, sino que fueron utilizados para cambiar los cheques de ayuda social recibidos en las oficinas de BANADESA en San Pedro Sula y entregar el dinero a la ciudadana Ilsy Baquedano (quien manifestó no haber recibido el dinero), miembros del equipo de trabajo de la diputada Cuéllar Erazo.
Cheques cambiados en masa
El TSC documenta que beneficiarios denunciaron no recibir los fondos completos y que los cheques fueron cambiados en agencias de Banadesa en San Pedro Sula, Gracias (Lempira) y El Florido (Copán). En varios casos, los retiros se realizaron en grupo y de manera simultánea, lo que evidencia coordinación irregular.
Conforme a los testimonios brindados por beneficiarios de los cheques, ellos no hicieron gestiones directamente a la Sedesol, sino que las ciudadanas Ilsy Baquedano, Paola Pérez y Eduardo Elvir les solicitaron firmar documentos y fueron quienes se encargaron de documentar las solicitudes y liquidaciones respectivas; de igual manera, posterior a la fecha de difusión del video, recibieron indicaciones y la referida documentación mediante aplicación de mensajería instantánea (WhatsApp).
El informe señala que el Reglamento Interno del FAS, aprobado en octubre de 2023 mediante Acuerdo Ministerial 083-A-SEDESOL-2023 por el entonces ministro José Carlos Cardona, nunca fue publicado en La Gaceta, restando validez a su aplicación.
Obras fantasmas y materiales abandonados
El informe también revela que muchos proyectos no se ejecutaron o se realizaron con irregularidades:
- Compras de materiales en Tegucigalpa para obras supuestamente ubicadas en Copán.
- Cotizaciones duplicadas para diferentes beneficiarios.
- Cemento vencido, materiales abandonados o expuestos a la intemperie.
- Herramientas y equipo de sublimación sin uso ni condiciones de conservación.
El TSC advierte que estas prácticas, además de incumplir el objetivo del FAS, debilitaron la confianza institucional y afectaron la legitimidad de las políticas sociales, fomentando la percepción de impunidad en el manejo de fondos públicos.
Acción penal
El informe fue remitido al fiscal general de la República, con la recomendación de evaluar las responsabilidades penales derivadas y proceder conforme a derecho sobre los hallazgos de esta investigación.
Antes de que el Tribunal Superior de Cuentas revelara las anomalías de Isis Cuéllar, ya existían evidencias de un mecanismo irregular de gestión de fondos sociales operado desde el Congreso Nacional, bajo la firma del presidente Luis Redondo.
Doble ilegalidad
Entre 2023 y 2024, Redondo autorizó la ejecución de 799 millones de lempiras de partidas presupuestarias destinadas a proyectos sociales, pese a que la ley no lo faculta para ello. La intervención fue calificada como una doble ilegalidad: el presidente del Legislativo no tiene atribuciones para aprobar desembolsos de fondos del Ejecutivo, y los diputados no pueden solicitarle esas autorizaciones.
Partidas presupuestarias
Los fondos provenían de dos asignaciones de 950 millones de lempiras cada una incluidas en los presupuestos de 2023 (artículo 292 del Decreto 157-2022) y 2024 (artículo 338 del Decreto 62-2023). Ambas establecieron con claridad que la ejecución debía estar a cargo de instituciones del Ejecutivo —como Sedesol, Fhis, Gobernación, Infraestructura y Transporte, Educrédito, Fosodeh y Condepor—, con la Secretaría de Finanzas como operadora de los desembolsos.
En ningún caso se incluyó al Congreso Nacional ni a su presidente como autorizadores o canalizadores.
El mecanismo
La documentación obtenida por ICN Investiga muestra un procedimiento alterado:
- Diputados remitían notas al primer secretario del Congreso, Carlos Zelaya, solicitando recursos para sus departamentos.
- Zelaya trasladaba las solicitudes a Redondo.
- Desde el Palacio Legislativo se enviaban oficios a ministros del Ejecutivo —como el entonces titular de Sedesol, Carlos Cardona— indicando que “este Poder del Estado autoriza dicha ejecución” a favor de un “honorable diputado”.
En la práctica, el Congreso terminó actuando como intermediario político de los fondos sociales.
Fondos aprobados
De los 1,900 millones de lempiras presupuestados en los dos años, Redondo autorizó 799 millones:
- 2023: 481.6 millones de lempiras.
- 2024: 317.3 millones de lempiras.
La información fue confirmada a través de Sedesol, una de las instituciones ejecutoras, tras una solicitud de acceso a la información pública.
Los beneficiados
En total, 79 diputados de cuatro partidos políticos gestionaron y recibieron aprobación de Redondo. La gran mayoría, 71 legisladores propietarios, pertenecían a Libre. Otros ocho eran de partidos formalmente opositores: cuatro liberales, tres suplentes del Partido Salvador de Honduras y uno demócrata cristiano.
El patrón muestra que varios de estos opositores luego se alinearon con Libre, votando en consonancia con el oficialismo, y algunos incluso terminaron integrándose a sus filas. Ningún diputado del Partido Nacional figura entre los solicitantes.
Concentración en la Junta Directiva
Aunque la mayoría gestionó en promedio 6.5 millones de lempiras por año, hubo un grupo selecto —casi todos miembros de la Junta Directiva— que concentró montos muy superiores:
- Isis Cuéllar: 37.5 millones.
- Silvia Ayala: 19 millones.
- Luz Angélica Smith, Josué Carbajal, Edgardo Casaña y Hugo Noé Pino: 18.9 millones cada uno.
- Luis Redondo: 16.5 millones.
Solo este bloque absorbió cerca de 148 millones de lempiras, casi una quinta parte del total ejecutado.
Un Congreso sin facultades
La Constitución, en su artículo 205, faculta al Congreso únicamente para emitir leyes, entre ellas las relacionadas con asistencia social. No le otorga competencias para gestionar ni ejecutar programas sociales, ni mucho menos para disponer de partidas presupuestarias del Ejecutivo.
A pesar de ello, el presidente del Legislativo firmó oficios que permitieron la canalización de recursos bajo un esquema político que ahora se conecta directamente con el caso de Copán.
El escándalo que involucra a la diputada Isis Cuéllar estalló el 23 de julio de 2025, cuando ICN Investiga publicó un reportaje que documentaba el uso irregular de fondos sociales y difundió un video en el que la congresista admitía haber utilizado “gente de confianza” para cambiar cheques destinados a ayudas.
Un día después, el 24 de julio, la presidenta Xiomara Castro instruyó a la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción investigar el caso en un plazo máximo de 72 horas.
El 26 de julio, Transparencia presentó su informe preliminar señalando “deficiencias relevantes” en la emisión de cheques, controles internos y liquidación de gastos. Ese mismo día, en reunión de Gabinete, el ministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, presentó su renuncia irrevocable, la cual fue aceptada de inmediato.
Tras conocerse los hallazgos y en medio de la crisis política generada, el partido Libre suspendió a Cuéllar de sus funciones como subjefa de bancada y vicepresidenta alterna de la Junta Directiva del Congreso Nacional, mientras avanzan las investigaciones oficiales.