Información con base a reporte de BBC Mundo

Durante décadas, miles de niños fueron llevados a Estados Unidos bajo programas de adopción internacional que prometían un nuevo hogar y ciudadanía. Hoy, muchos de ellos —ya adultos, con familias y vidas establecidas— descubren que nunca fueron reconocidos como ciudadanos del país donde crecieron.

Shirley Chung, nacida en Corea del Sur en 1965, fue adoptada con apenas un año por una pareja texana. Su padre biológico era un soldado estadounidense destacado en Asia, y su madre, incapaz de mantenerla, la dejó en un orfanato de Seúl. Shirley creció convencida de ser estadounidense: estudió, trabajó, tuvo hijos y enseñó piano. Pero en 2012, al intentar reponer su tarjeta del Seguro Social, descubrió que su ciudadanía nunca se formalizó. “Sentí que mi vida entera era una mentira”, dice hoy, a sus 61 años.

Su caso no es aislado. Organizaciones como el Centro Legal para los Derechos de los Adoptados calculan que entre 18.000 y 75.000 personas adoptadas en el extranjero por familias estadounidenses carecen de ciudadanía. Algunas lo ignoran hasta que solicitan un pasaporte o un beneficio federal. Otras ya han sido deportadas, pese a haber llegado al país siendo bebés. En 2017, un hombre adoptado en Corea del Sur se quitó la vida después de ser enviado de regreso a un país que no conocía.

Una mujer nacida en Irán y adoptada en 1973 por una familia del medio oeste estadounidense enfrenta una situación similar. Durante casi cuatro décadas creyó ser ciudadana, hasta que las autoridades migratorias extraviaron los documentos que probaban su naturalización. “No me siento inmigrante —afirma—. Mi cultura original fue borrada y crecí como cualquier otra estadounidense. Me dicen que soy extranjera por un papel que alguien no presentó”.

Una promesa incompleta

Las lagunas legales se originan antes del año 2000. Durante décadas, las adopciones internacionales aprobadas por las cortes estadounidenses no garantizaban la ciudadanía automática. Muchos padres adoptivos no completaron los trámites migratorios, a veces por desconocimiento.

El Congreso de Estados Unidos intentó corregir esa omisión con la Ley de Ciudadanía Infantil, aprobada en 2000, que otorga la nacionalidad automática a los adoptados menores de edad nacidos después de febrero de 1983. Sin embargo, quienes llegaron antes de esa fecha quedaron fuera. Los activistas han impulsado repetidas reformas para eliminar ese límite de edad, pero los proyectos no han logrado avanzar en la Cámara de Representantes.

Entre el miedo y la incertidumbre

La falta de documentos convierte a estos adultos adoptados en potenciales objetivos de deportación. Debbie Principe, quien adoptó a dos niños rumanos en la década de 1990, ha pasado más de veinte años intentando regularizar su situación. Uno de los casos fue rechazado en mayo, con una notificación que advertía que, si no apelaba, su hija sería entregada al Departamento de Seguridad Nacional. “Temo que un día los arresten y los manden a un país que no es el suyo”, dice.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha intensificado esos temores. En su segundo mandato, el gobierno presume haber expulsado o forzado la salida de dos millones de inmigrantes en menos de un año. Y aunque muchos aplauden la mano dura contra la migración irregular, las redadas han alcanzado a personas que fueron admitidas legalmente como bebés.

En octubre, más de 300 surcoreanos adoptados fueron detenidos en una planta de Hyundai en Georgia, acusados de trabajar sin papeles. Las imágenes de hombres y mujeres esposados provocaron indignación en Corea del Sur.

Desde entonces, los grupos de defensa de adoptados reportan un aumento drástico en las solicitudes de ayuda. “Recibimos más de 275 casos nuevos solo en las primeras semanas tras las elecciones”, afirma Greg Luce, abogado y fundador del Centro Legal para los Derechos de los Adoptados.

Un limbo que se extiende

Para muchos, la falta de un simple documento ha transformado sus vidas en un estado de miedo constante. Algunos evitan lugares donde podrían ser identificados por su origen, otros comparten su ubicación con amigos por temor a ser detenidos. “Este papel me ha robado todo —dice la mujer iraní—. Me siento apátrida”.

Abogadas como Emily Howe, expertas en derechos civiles, sostienen que la solución es sencilla: reconocer la ciudadanía prometida a quienes fueron legalmente adoptados por ciudadanos estadounidenses. “Hablamos de personas que llegaron como bebés, no por decisión propia. Fueron admitidos bajo la política oficial de Estados Unidos”, subraya.

A sus 61 años, Shirley Chung aún espera que el país que la adoptó cumpla su promesa. “Solo pedimos compasión —dice—. No somos inmigrantes ilegales. Somos hijos que fueron subidos a un avión siendo bebés, con la promesa de que seríamos estadounidenses. Es hora de que esa promesa se cumpla”.