La Haya. — Mientras los fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) intentan conservar evidencias de una nueva ola de atrocidades en Darfur, Estados Unidos sostiene conversaciones para imponer un alto al fuego en Sudán, un país que lleva dos años sumido en una guerra devastadora.

El colapso de la ciudad de el-Fasher, tomada por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) tras un prolongado asedio, ha encendido las alarmas internacionales. Los reportes desde la zona, fragmentados por las malas comunicaciones, hablan de masacres, violaciones y saqueos perpetrados contra la población civil. La Organización Mundial de la Salud confirmó que hombres armados asesinaron al menos a 460 personas dentro de un hospital, además de secuestrar a médicos y enfermeras.

Para la CPI, la ofensiva forma parte de un patrón de violencia que afecta a toda la región de Darfur y podría constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad. El organismo, con sede en La Haya, advirtió que trabaja para proteger pruebas que podrían ser utilizadas en futuros procesos judiciales.

En paralelo, Massad Boulos, asesor estadounidense para asuntos africanos, aseguró a The Associated Press que Washington negocia con las FAR y el ejército sudanés una tregua humanitaria de tres meses, que abriría la puerta a un proceso político de nueve meses. “Estamos afinando los últimos detalles y esperamos poder anunciarla pronto”, dijo el funcionario.

Estados Unidos coordina sus esfuerzos con Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, en busca de una pausa que permita la entrega de ayuda humanitaria y siente las bases para un eventual diálogo. “Las atrocidades que hemos visto son inaceptables”, agregó Boulos, en referencia a los videos que muestran ejecuciones y abusos contra civiles. La agencia AP advirtió que no ha podido verificar esas imágenes de manera independiente.

La CPI mantiene abiertas sus investigaciones sobre Darfur desde hace más de dos décadas. Este año logró su primera condena: Ali Muhammad Ali Abd–al-Rahman, conocido como Ali Kushayb, fue declarado culpable de ordenar asesinatos y ejecuciones masivas durante el conflicto de 2003.

La toma de el-Fasher, tras 18 meses de sitio, marca una nueva fase en la guerra sudanesa y agrava la crisis humanitaria. El número de víctimas continúa sin precisarse, pero las organizaciones internacionales alertan que el colapso del sistema sanitario y la falta de alimentos podrían dejar un saldo aún más trágico.