El alcalde Contreras denuncia una persecución política que lleva 30 meses desde que asumió su cargo. Ahora, citan a su esposa- Zoila Santos- para investigarla por una casa valorada en 10 millones de dólares y por su supuesta implicación en contratos irregulares con Sulaambiente y en la licitación para la compra de semillas de agricultura y exámenes citológicos. Contreras asegura que el gobierno ya ha manchado su nombre y ahora va tras su familia.

«Por qué aquellos que dilapidaban y se robaban los impuestos de la municipalidad ya no tienen acceso a eso,» afirma Contreras. «Era su hacienda pública y ahora ya no pueden mandar a sus amantes a Colombia para implantes de senos y otras cosas.»

Contreras planea presentarse la próxima semana en Tegucigalpa con su esposa Zoila Santos y un abogado para enfrentar las acusaciones. Asegura que es una persecución política, pero las investigaciones del Ministerio Público tienen más de un año y se basan en pruebas documentales, como los contratos firmados, no en denuncias hechas en un canal de TV.

El Ministerio Público, a través de sus portavoces, asegura que el proceso está bajo investigación y no revelarán más detalles. Sin embargo, aclararon que no solo su esposa ha sido citada; otras personas también han sido llamadas en calidad de investigados y testigos.

Contreras sostiene que esta situación se desarrolla en una semana políticamente delicada, donde se debe decidir a quiénes se apoyará en las próximas elecciones. «El que gane en San Pedro Sula será el próximo presidente de la república,» declara, señalando que un extorsionador, a través de un canal de TV, ataca a su familia para desprestigiar su nombre.