El Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción realizó la audiencia de individualización de pena para Roberto Castillo y Carolina Castillo por el delito de fraude. El Ministerio Público solicitó 7 años de prisión y una multa de 5 mil millones de lempiras, mientras que la defensa pidió 5 años de prisión.

Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción en Individualización de Pena para Roberto Castillo y Carolina Castillo, por el delito de Fraude el MP solicitó 7 años de prisión, más una multa de 5 mil millones y la defensa pidió de 5 años de prisión pic.twitter.com/erI01LryUM

— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) August 2, 2024

Para Raúl Pineda, acusado por uso de documento falso, el MP solicitó una pena de 8 años de prisión, y la defensa solicitó 4 años. Además, por el delito de usurpación de funciones, el MP solicitó 4 años de prisión y la defensa pidió 1 año. El Tribunal programó la audiencia de lectura de sentencia para el 11 de octubre, a las 9:00 de la mañana.

Antecedentes del caso «Fraude Sobre Gualcarque» 

La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, ahora UFERCO) condujo la investigación, con colaboración de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y el apoyo de las Fiscalías Especiales de Etnias y Medio Ambiente. Las denuncias presentadas por Berta Cáceres revelaron presuntas irregularidades en concesiones de recursos hídricos que afectaron a la comunidad indígena Lenca.

Entre las anomalías, se estableció que Roberto David Castillo, presidente de Desarrollos Energéticos (DESA) y procesado por la muerte de Berta Cáceres, tenía un cargo en la ENEE mientras presidía la empresa desarrolladora. Esta doble función le permitió asistir a las sesiones de la junta directiva de la estatal eléctrica como invitado, donde se discutieron y aprobaron contratos con su empresa, evidenciando un claro conflicto de intereses. El exgerente de la ENEE, Roberto Aníbal Martínez Lozano, permitió y dejó pasar estas acciones.

La audiencia de lectura de sentencia determinará las penas finales para los acusados, marcando un paso crucial en la lucha contra la corrupción en Honduras.