El Congreso peruano aprobó el jueves un proyecto de ley para prescribir los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, que beneficiará al expresidente Alberto Fujimori y a 600 militares procesados, pese al rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La iniciativa, que pasará a sanción presidencial, busca anular los procesos por presuntos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto interno o «guerra contra el terrorismo» -según las autoridades- que dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos entre 1980 y 2000.

La Comisión Permanente del Congreso, que reemplaza al pleno cuando hay receso parlamentario, respaldó la propuesta con 15 votos a favor y 12 en contra.

«Ha sido aprobado en segunda votación el texto» del proyecto de ley sobre delitos de lesa humanidad, dijo el presidente del Congreso, Alejandro Soto, tras la votación.

Impulsada por la mayoría derechista que controla el parlamento unicameral, la norma permitirá la prescripción automática de unos 600 casos de presuntos crímenes de guerra investigados desde hace más de tres décadas, anunció la fiscalía.

La presidenta peruana, la conservadora Dina Boluarte, tiene un plazo de hasta 10 días para promulgar o devolver al Congreso el proyecto de ley.

– Fujimori, potencial beneficiario –

Perú reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que quedó habilitada para intervenir en los crímenes más graves de guerra y de lesa humanidad cometidos después de 2002, cuando entró en vigor en el país el Estatuto de Roma.

Esta semana la Corte Interamericana pidió al Estado peruano abstenerse de promulgar el «proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú».

Al rechazar ese pronunciamiento, el gobierno de Boluarte dijo que no se puede «impedir que los poderes del Estado peruano ejerzan sus funciones constitucionales».

Según los promotores de la ley, 36 militares encarcelados recuperarían su libertad si la ley se promulga. Sin embargo, la última palabra recaerá en los jueces.

El proyecto generó el rechazo de la Corte IDH ante el peligro de dejar impunes ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas perpetradas por fuerzas del Estado, que marcaron las décadas de 1980 y 1990.

La Corte IDH pidió a Perú un informe antes del 9 de agosto sobre los casos de lesa humanidad vistos por ese tribunal, como el de Barrios Altos y La Cantuta.

En dicho caso, que se remonta a 1991 y 1992, está involucrado el expresidente Fujimori (1990-2000), quien podría verse beneficiado por el proyecto en trámite.

El exmandatario de 85 años cumplía una condena de 25 años de prisión por dos matanzas de civiles perpetrada por el ejército, cuando fue excarcelado el 7 de diciembre de 2023 bajo el amparo de un indulto humanitario, pese a la objeción de la justicia interamericana. Estuvo preso 16 años.

Su abogado, Elio Riera, ya anunció que su cliente se acogerá a la ley en trámite por el ‘caso Pativilca’, en el que se le procesa como autor mediato por la muerte en 1992, a manos de militares, de seis campesinos sospechosos de vínculos con la guerrilla.

– «Cortar juicios, liberar a sentenciados» –

Los impulsores de la ley estiman que caducaron los delitos imputados a los militares retirados como tortura, homicidio y desaparición forzada ocurridos durante la guerra contra las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Dichos delitos prescribían a los 20 años.

«El objetivo de la ley es cortar los juicios y liberar a quienes han sido sentenciados», dijo a la AFP el congresista Fernando Rospigliosi, uno de los promotores y miembro del partido fujimorista Fuerza Popular.

«Hay casos en que (la justicia) aplicó ilegalmente el delito de lesa humanidad para justificar la sentencia en base a delitos prescritos, como desapariciones», agregó.

El juicio más reciente culminó en agosto, cuando la justicia impuso a 18 militares retirados entre 8 y 15 años de cárcel por la matanza de 39 campesinos en 1988 en Cayara, Ayacucho.

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2003), en el conflicto armado que vivió Perú entre 1980 y 2000, murieron unas 69.000 personas, la mayoría campesinos pobres de la región de los Andes.

La CVR responsabilizó a Sendero Luminoso de ser el principal perpetrador de violaciones a los derechos humanos, pero también acusó a las fuerzas de seguridad que combatieron a esa organización, de cometer delitos de lesa humanidad.

Reportes del Comité Internacional de la Cruz Roja y la fiscalía estiman en 21.000 los desaparecidos en ese período de guerra en Perú.