El secretario de seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, relató cronológicamente el proceso de captura y hallazgo de los cinco cuerpos de los jóvenes secuestrados el domingo 23 de junio mientras se mudaban de vivienda.

Hasta el miércoles teníamos esperanzas de encontrarlos vivos, afirmó Velásquez, asegurando que el mismo domingo comenzaron la búsqueda e investigación del caso, luego de recibir la denuncia por parte de familiares. En un operativo, detuvieron a cinco presuntos miembros de la pandilla 18, quienes al ser requisados tenían en su poder drogas, un celular de una de las víctimas y las llaves del vehículo utilizado para la mudanza.

El lunes por la mañana se registró la captura. El martes, un perito encendió el celular y se dieron cuenta que pertenecía a una de las víctimas. El miércoles, revisaron el carro y encontraron sangre, pero aun así mantenían la esperanza de encontrarlos con vida.

Velásquez respondió con detalles del caso ante las acusaciones de Jorge Jiménez, director de la Asociación de Jóvenes Promotores de Derechos Humanos (JOPRODEH), quien afirmó que la policía intentó ocultar el caso para evitar una mala imagen del país en el marco del Foro de São Paulo.

Sánchez asegura que las acusaciones tienen intenciones personales, señalando que Jiménez está bajo medidas de protección pero utiliza los agentes para trabajos personales. «Esta es la versión oficial, pero sobre todo la realidad, y se puede verificar. Que personas tengan otro interés y no tengan ética en su actuación, eso es otra cosa. Además, hoy se presentará el requerimiento fiscal por la desaparición y posterior asesinato de los cinco jóvenes.»

En Tela familias negociaron con capos

Pasaron ocho días para la denuncia, pero fue intencional porque las familias intentaron negociar entre ellos. Hay que entender que en Tela hubo un doble secuestro con 14 personas desaparecidas, debido a las capturas y extradiciones. Estamos hablando de un reacomodo de estructuras criminales que ha generado violencia. Ninguno de los casos tiene vínculo; se trata de acciones separadas por parte de las tres estructuras criminales más fuertes.

En cuanto a los resultados del estado de excepción decretado desde 2022 y que permanece vigente en 226 municipios del país, el secretario de seguridad defendió su éxito, asegurando que esta medida les ha permitido ejecutar 2,000% más allanamientos en barrios y colonias y 100% más capturas. Pese a las críticas de la sociedad civil que señala que esta es solo parte de la realidad, porque de las personas capturadas, son mínimas las que tienen un proceso judicial.