A pocas horas de conocer la sentencia contra el expresidente, Juan Orlando Hernández, los fiscales de Nueva York, Kyle Wirshba y Jacob Gutwilling, insisten en que JOH es un «narcotraficante a gran escala» y por ello solicitan una pena ejemplar.

Los tribunales han declarado culpable a Hernández de conspiración para importar cocaína, uso y porte de ametralladoras de uso destructivo, y uso y porte de ametralladoras durante la conspiración para importar cocaína y para facilitar su tráfico, delitos que podrían resultar en una sentencia de cadena perpetua.

Los fiscales sostienen que, basándose en antecedentes de condenas a otros narcotraficantes, como Joaquín «El Chapo» Guzmán, se requiere una pena estricta para disuadir a otros potenciales implicados en el narcotráfico.

La DEA y los fiscales destacan la importancia de imponer la máxima pena posible para lanzar un mensaje contundente contra el narcotráfico a nivel internacional en el Día Internacional de Lucha contra el Narcotráfico.

Cadena perpétua más 30 años

Este lunes, los fiscales pidieron oficialmente al juez Kevin Castel que aplique la pena máxima a Hernández, incluyendo cadena perpetua y una multa millonaria aún no revelada.

El jurado ha encontrado a Hernández culpable de múltiples delitos y los fiscales enfatizan la gravedad de los cargos de conspiración para importar cocaína y el uso de armas de fuego destructivas. Estos delitos requieren una sanción severa para ejemplificar y disuadir futuras conductas similares.

Defensa pide pena mínima

La defensa de Hernández argumenta en una solicitud presentada el pasado viernes que una pena mayor a 40 años sería injusta dado que el expresidente ya tiene 55 años. Propone una pena mínima de 10 años por el delito de conspiración para importar cocaína, 30 años por el uso de ametralladoras, y que el tercer delito, que contempla cadena perpetua, se ajuste a una condena total de 40 años. Según la defensa, este enfoque sería más justo y proporcional a la edad de Hernández.

En una carta de 30 páginas dirigida al juez Castel, Hernández declara su inocencia y acusa a los fiscales y agentes de la DEA de negligencia. Asegura que repetiría todas las decisiones que tomó durante su carrera política. Su defensa también cuenta con el apoyo de cartas de su esposa, Ana García de Hernández, y una de sus hijas, quienes respaldan su postura y cuestionan la imparcialidad del juicio.

Extradición y condena

 

La extradición de Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos marcó un punto crucial en su caso legal. Detuvieron a Hernández inicialmente en Honduras en marzo de 2022 tras un intenso debate político y legal, y lo entregaron a Estados Unidos a los pocos días de haber salido del poder.

Una vez en Nueva York, los procedimientos legales se agilizaron y en abril de 2022, acusaron formalmente a Hernández y su juicio comenzó poco después.

Este proceso culminó en una condena en 2023, que no solo demostró su involucramiento en delitos de narcotráfico, sino que también destacó la extensa red de complicidades que mantuvo durante su mandato.

La condena de Hernández, resultado directo de estas investigaciones, no solo representa un golpe significativo contra la impunidad en la política latinoamericana, sino que también señala claramente el compromiso internacional para combatir el narcotráfico a gran escala.