Tegucigalpa.- El estancamiento en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la falta de respuesta de las instituciones encargadas de garantizar la legalidad del proceso han generado preocupación en la sociedad según analistas, esta semana se canceló una sesión clave porque dos consejeros suplentes no participaron, lo que impidió avanzar en decisiones cruciales y puso en riesgo el cronograma electoral.

Los consejeros suplentes Carlos Cardona Andino y Karen Rodríguez no acudieron a las convocatorias del CNE también el consejero Marlon Ochoa se negó a participar, estas ausencias afectaron el funcionamiento del órgano electoral, pese a que las convocatorias fueron hechas de manera legal por la titular, Cossette López.

Para Javier Sandoval, analista político, el Congreso Nacional (CN) debe llamar a estos consejeros que se han negado a cumplir con su obligación constitucional y que expliquen su ausencia.

Sandoval señaló que el CN, como ente que los nombró, debe decidir si los ratifica o los sustituye,  “si no justifican su ausencia, el Congreso tiene que asumir su responsabilidad,” afirmó.

Esta situación refleja un vacío institucional que afecta la confianza en el proceso electoral y la capacidad del CNE para cumplir con sus responsabilidades, señaló el analista.

 “Si hay un órgano electoral autónomo, como lo es el CNE, con lineamientos jurídicos claros que le permiten actuar sin obediencia a nadie, entonces los cuerpos de seguridad del Estado y el Ministerio Público (MP) debieron haber actuado de oficio”, expresó.

Sandoval lanzó duras críticas al MP, “hemos dicho muchas veces que el Ministerio Público es una figura decorativa, un elefante blanco que solo sirve para drenar fondos del Estado, porque nunca ha hecho una acción ejemplificadora”, sostuvo.

 “En 27 años no han conseguido una sola sentencia que sirva de ejemplo para que la gente no le robe al Estado”, señalo el analista.

A su juicio, la falta de acciones legales ante el bloqueo institucional sienta un precedente grave, “debieron haberse abierto procesos por varias razones: por la situación de violencia, por el entorpecimiento del proceso electoral y por la comisión de delitos electorales”, subrayó.

En su valoración final, advirtió que la combinación de pasividad institucional e injerencia partidaria podría debilitar seriamente la democracia en el país, “hemos visto cómo la conjugación de estos elementos de injerencia política ha dejado al país en un desorden que, lejos de fortalecer los procesos democráticos, los ha entorpecido ”, concluyó.

La preocupación aumenta mientras el cronograma electoral sigue paralizado y las instituciones responsables continúan sin asumir plenamente su mandato constitucional.