Tegucigalpa.- Más de 25,000 familias de pescadores artesanales que dependen del mar Caribe para subsistir están en riesgo debido al avance de proyectos de exploración y posible explotación petrolera en aguas hondureñas, según organizaciones ambientales

Las comunidades costeras temen que esta actividad industrial afecte gravemente sus medios de vida, el equilibrio ecológico marino y el acceso a recursos pesqueros fundamentales para su alimentación y economía local.

Frente a esta amenaza, diversas organizaciones sociales y ambientales de Honduras y América Latina han alzado su voz para exigir transparencia y responsabilidad.

Entre ellas, la Red Gran Caribe Libre de Fósiles, Oilwatch Latinoamérica y la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE) solicitaron al Gobierno hondureño que se realice un estudio técnico independiente.

Este análisis debe contemplar de forma integral los posibles impactos económicos, sociales y ambientales derivados de las actividades de exploración y eventual explotación de hidrocarburos en el Caribe.

Las organizaciones consideran que cualquier decisión relacionada con la extracción petrolera debe basarse en información científica, participación comunitaria y respeto al entorno natural.

Advierten que actuar sin estos elementos podría agravar la situación de vulnerabilidad de miles de familias y provocar daños irreversibles en los ecosistemas marinos.

El tema vuelve a la agenda pública con fuerza debido a la continuidad del Contrato de Exploración y Explotación de Petróleo en el Caribe hondureño, aprobado originalmente en 2013 durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y retomado ahora por la administración de Xiomara Castro.

En 2013, el gobierno de Porfirio Lobo Sosa aprobó un contrato de exploración y explotación petrolera en el Caribe hondureño con BG Group, sin licitación pública ni consulta previa a comunidades indígenas, generando preocupaciones ambientales y sociales.

Las comunidades y colectivos que se oponen a este proyecto temen que se repita el patrón de concesiones extractivas sin una evaluación previa adecuada, como ha ocurrido en otras regiones del país.

En este contexto, los actores sociales demandan que se detenga cualquier avance del proyecto hasta que se cuente con estudios serios, independientes y transparentes, que tomen en cuenta tanto los derechos de las comunidades como la protección de los bienes comunes naturales.