La Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (UFERCO), presentó el pasado 11 de octubre un requerimiento en contra de ocho funcionarios públicos.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), nombró al magistrado Walter Miranda Sabio para conocer el requerimiento en el caso Pandora ll, en contra de los ex mandatarios Porfirio Lobo Sosa por el delito de fraude y Juan Orlando Hernández por el delito de lavado de activos.
El director de la unidad de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, informó este viernes que el magistrado conocerá el expediente de la primera etapa en contra de los expresidentes.
“El magistrado Walter Miranda fue designado como el juez natural en el expediente presentado por el Ministerio Público en contra de los ciudadanos Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa, Wilfredo Cerrato y otras personas”, agregó.
Dentro de la acusación también resaltan los nombres de distintos funcionarios: el ex titular de la Secretaría De Finanzas (SEFIN), Wilfredo Rafael Cerrato por fraude, el ex gerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Jorge Johny Handall, los ex gerentes de SEFIN, Lilian María Bográn y James Aldana Medina, el director de presupuestos de la SEFIN, Roberto Alonso Zúniga y el ex gerente financiero de BANADESA, David Eduardo Hawit acusados por la violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
Cabe mencionar que la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (UFERCO), presentó el pasado 11 de octubre un requerimiento en contra de ocho funcionarios públicos, entre ellos los expresidentes por fraude, y asimismo Juan Orlando que es acusado de lavado de activos por las de 62 millones de lempiras.
Según la investigación de la UFERCO, conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de los fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (288,016,175.00), autorizados para las fundaciones de Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas, Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) y BANADESA.
En ese sentido, el involucramiento de Juan Orlando Hernández se basa por los beneficios obtenidos en los desembolsos de la instituciones públicas, donde el ex presidente recibió la cantidad de 62 millones de lempiras destinados para su campaña política, a través de distintos artificios como ser la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticio.
Además, el dinero público llegó a los movimientos “Azules Unidos” y “Amigos de JOH”, hasta la sociedad mercantil llamada “La Cachureca”, así como a sus gerentes de campaña departamentales.
Movimientos que involucran directamente a Lobo Sosa, que fue quien autorizó el traslado de los fondos de una secretaria a otra, hasta llegar a las fundaciones que sirvieron para drenar los fondos.
Asimismo, la UFERCO determinó que Wilfredo Cerrato desde la Secretaría de Finanzas autorizó 35 millones de lempiras para la fundación “Todos Somos Honduras”.
Por lo que, La UFERCO solicitará la citación de algunos imputados y las órdenes de captura y alerta migratoria en contra de otros.
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Pavel Aguirre 
Fernando