ONU: Violencia y criminalización contra defensores de DDHH y periodistas sigue siendo “alarmante” en Honduras
by Redacción Web |
Al concluir dos semanas de visita a Honduras, la relatora señaló que los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y activistas son “atacados por su trabajo”.
La violencia y criminalización contra defensores de los derechos humanos y periodistas siguen siendo «alarmantemente altos» en Honduras, dijo este viernes la relatora especial de la ONU para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, que pidió despenalizar los «delitos contra el honor».
«La violencia, las amenazas, los ataques en línea, la intimidación, la criminalización y el acoso judicial a personas de los derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales siguen siendo alarmantemente altos”, subrayó Khan, en una rueda de prensa.
Al concluir dos semanas de visita a Honduras, la relatora señaló que los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y activistas son “atacados por su trabajo”.
Según datos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, citados por Khan, 36 defensores de derechos humanos y cuatro periodistas fueron asesinados en Honduras entre enero de 2021 y septiembre de 2023, período en el que se registraron 944 ataques contra esta población.
“Honduras es conocido desde hace tiempo por ser uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales”, enfatizó la relatora.
Agregó que los que trabajan en temas relacionados con la tierra, el medioambiente, la corrupción, el crimen organizado y conflictos agrarios y mineros, corren un “alto riesgo de sufrir violencia, amenazas y acoso judicial”.
Ataques y amenazas contra garífunas
La relatora lamentó que la comunidad garífuna (negra) sea víctima de “ataques, amenazas, estigmatización y criminalización” por luchar por el derecho a la tierra y la protección del medio ambiente.
Las continuas amenazas y ataques contra la coordinadora nacional de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, son un “ejemplo emblemático de la violencia a la que se enfrentan los garífunas”.
“Resulta especialmente preocupante la incapacidad del Estado para investigar y procesar a los autores, así como proporcionar una protección adecuada” a los defensores de derechos humanos, añadió.
Khan expresó su preocupación por “el uso de campañas de desprestigio, ataques verbales tendenciosos y acusaciones de ‘fake news’ (noticias falsas) como forma de desacreditar y deslegitimar” a los periodistas y hacerlos “más vulnerables a amenazas y ataques”.
El uso de la tecnología digital, incluidos los ataques en línea, la vigilancia de las comunicaciones y el “hackeo” de los dispositivos electrónicos de los periodistas, ha añadido “una nueva dimensión a las amenazas existentes”, aseveró.
Periodistas se autocensuran para protegerse
“Casi todos los periodistas con los que hablé afirmaron que la intimidación ha alcanzado un nivel muy elevado y que las medidas ofrecidas por el Mecanismo de Protección son tan inadecuadas que se sienten obligados a autocensurarse para protegerse a sí mismos y a sus familias”, señaló la relatora.
El Comisionado de Derechos Humanos en Honduras registra desde 2001 el asesinato de 96 periodistas, de ellos solo 8 casos han sido investigados y procesados.
“Hay más de 90 % de impunidad” en estos casos, subrayó Khan, que considera que esas estadísticas reflejan “una colosal falta de voluntad política y un desastroso fracaso del sistema legal y judicial”.
El Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia de Honduras no cuenta con los suficientes recursos, carece del personal necesario, así como de una coordinación eficaz, indicó.
Dijo que le preocupa “la criminalización de la libertad de expresión”, por lo que instó a Honduras a despenalizar la difamación, calumnia e injuria y revisar el delito de usurpación.
Khan recomienda a Honduras adherirse al Acuerdo de Escazú, el primer gran pacto medioambiental de Latinoamérica y pionero en el mundo en la protección de los ambientalistas, y promover la libertad de expresión. EFE
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