1,500 niñas hondureñas sufrieron desplazamiento forzado: Conadeh
by Redacción Web |
Honduras enfrenta una cruda realidad: cerca de 1,500 niñas han estado en riesgo o han sido víctimas de desplazamiento forzado entre 2019 y 2023, como consecuencia de la creciente violencia que azota al país, reveló el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
El informe reveló que estas niñas fueron objeto de amenazas, asesinato de familiares, tentativas de homicidio y reclutamiento forzado por parte de maras y pandillas.
En el marco del Día de la Niña, Cándida Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh, resaltó la importancia de visibilizar esta problemática.
«Históricamente, las niñas han sido un sector vulnerable e invisibilizado en los proyectos y programas sociales del gobierno», afirmó.
A pesar de algunas iniciativas implementadas, Maradiaga señaló que aún existe una deuda social significativa para abordar las vulneraciones que enfrentan.
La funcionaria también denunció que el desplazamiento forzado, en sus modalidades de extorsión y reclutamiento, ha sido ignorado por las autoridades. Hizo un llamado urgente para que se implementen programas y proyectos que contrarresten estos factores de riesgo.
Según datos del Conadeh, más de 15,000 personas han sido desplazadas por la violencia en los últimos cuatro años, de las cuales el 20% son niñas, niños y adolescentes. La mayoría de los casos se concentran en cuatro departamentos: Francisco Morazán (50%), Cortés (25%), Atlántida (7%) y Choluteca (5%).
El informe también destacó que muchas de estas niñas son obligadas a trabajar para apoyar a sus familias, e incluso algunas quedan excluidas del sistema educativo.
En muchos casos, el reclutamiento forzado las empuja a cometer delitos bajo amenazas a sus vidas o las de sus familiares. Sin embargo, el sistema judicial rara vez las considera víctimas, lo que perpetúa su vulnerabilidad.
«La sociedad debe dejar de culpar a las niñas por involucrarse en actividades delictivas y reconocer que son forzadas a participar bajo amenazas», concluyó Maradiaga, señalando que no existen casos en los que un adulto haya sido judicializado por utilizar a niñas en actividades ilícitas como el tráfico de drogas o la extorsión.
Este fenómeno, dijo, evidencia una crisis que exige una respuesta contundente por parte del Estado y la sociedad civil para proteger a las niñas y garantizar sus derechos.
