Tegucigalpa. – La deuda sigue pendiente. La promesa de la presidenta Xiomara Castro de instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (Cicih) cumple este miércoles mil días sin materializarse como resultado de que tanto el Ejecutivo como la oposición en el Congreso Nacional han aportado su cuota de boicot.

Ni al oficialismo del partido Libertad y Refundación (Libre) ni a opositores aglutinados en los partidos Liberal y Nacional les conviene que un organismo internacional anticorrupción se instale en el país porque, si les cuenta las costillas, muchos de sus líderes y algunos funcionarios serían acusados, indicaron analistas consultados por ICN Digital.

Por ese motivo es que, dicen los críticos, el Congreso no ha aprobado todo el paquete de reformas legales que pide la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el que se negocia el acuerdo, para poder firmarlo.

“Dicen que por los hechos los conocerán, entonces, de los hechos que se pueden ver del gobierno, del Ejecutivo, del Congreso y también el Poder Judicial, los tres poderes del Estado, lo que expresan en sus hechos es que no desean que venga la Cicih”, dijo Ana María Calderón, exvocera de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que funcionó entre 2016 y 2020.

Una Cicih podría, por ejemplo, presentar nuevas acusaciones en los casos Narcopolítica I y II, relacionado al financiamiento de campañas con dinero del narcotráfico, y Pandora, relacionado al uso de fondos públicos para proselitismo, en el que están involucrados varios actores políticos, indicó Calderón.

En esos casos, dijo, las líneas de investigación quedaron avanzadas, incluso con proyectos de requerimientos casi listos, pero no se presentaron porque el Congreso Nacional, en ese momento dominado por mayoría nacionalista, no le renovó el convenio que se había firmado con la Organización de Estados Americanos, por lo que no se concluyeron algunas diligencias finales.

“Pero quedaron muchos más no le puedo decir, yo creo que en líneas de investigación quedaron más de 50 líneas en todos los casos”, remarcó.

La Maccih presentó una docena de acusaciones contra unas 110 personas.

Promesa incumplida

Cuando la presidenta Castro asumió el poder el 27 de enero de 2022, reiteró su compromiso de que se instalaría el mecanismo con respaldo de la ONU. Y la oposición se comprometió a respaldar el proceso.

El inicio formal de las gestiones comenzó el 15 diciembre de 2022 con la firma de un memorándum de entendimiento de seis meses de vigencia entre la presidenta Xiomara Castro y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el cual ha sido prorrogado en tres ocasiones por el mismo lapso.

Evaluación técnica: El memorándum establece que la ONU enviará un equipo técnico para evaluar el sistema judicial de Honduras. El propósito es identificar las áreas donde la instancia internacional podría ser más efectiva en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Etapas del memorándum de entendimiento:

A lo largo de este periodo se han dado algunos avances y retrocesos en las conversaciones entre los equipos negociadores del gobierno hondureño, del que forma parte la ministra de Defensa y candidata presidencial del oficialismo, Rixi Moncada, y las Naciones Unidas.

El Congreso Nacional de Honduras aprobó, según pidió la ONU, la derogación de tres decretos clave que formaban parte de los llamados «pactos de impunidad».

El 12 de julio de 2023, los legisladores abrogaron el decreto 57-2020, que limitaba las investigaciones del Ministerio Público en casos de corrupción, y el decreto 93-2021, que debilitaba los procesos judiciales contra el lavado de activos y protegía a empresas implicadas en actos delictivos.

Dos semanas después, el 2 de agosto, se derogó el decreto 116-2019, el cual transfería al Tribunal Superior de Cuentas la facultad de auditar fondos públicos, bloqueando las investigaciones penales.

Deuda de reformas

Entre las tareas pendientes está la derogación del decreto 117-2019, conocido como la ley de inmunidad parlamentaria, que protege a los diputados de ser procesados penalmente por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones legislativas.

También se espera la revisión del Código Penal aprobado en 2017, que redujo las penas para delitos de corrupción y limitó los tiempos de prescripción.

Además, está pendiente la aprobación en tercer y último debate de la Ley de Colaboración Eficaz, una herramienta que permitiría a personas involucradas en actos ilícitos colaborar con las autoridades a cambio de beneficios legales, así como la creación de la figura de querellante autónomo para la entidad que le daría independencia para presentar acusaciones, y no depender de autorización de la Fiscalía.

Tales iniciativas fueron presentadas en abril por la diputada Hortensia Zelaya, de Libre, hija de Xiomara Castro.

Otra condición que impone la ONU es que se derogue la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional y el Fortalecimiento del Estado de Derecho, conocida como Ley de Amnistía o «Pacto de Impunidad», que se aprobó en febrero de 2022.

Este instrumento, presentado por iniciativa del Ejecutivo, y que en parte de su contenido concede amnistía a acusados políticos que participaron en protestas contra el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya, en 2009, ha sido cuestionado de ser usado para beneficiar indebidamente a exfuncionarios del «Poder Ciudadano» procesados por actos de corrupción.

Pero lejos de ser eliminada la normativa, la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar un recurso de inconstitucionalidad con el que se pretendía anularla.

Los Zelaya tienen miedo

Honduras ha entregado dos borradores de convenio a la ONU. El primero el 18 de septiembre de 2023, pero fue devuelto para que se le aplicaran algunos cambios. Y el segundo el 24 de septiembre de 2024, que fue dado de manera personal por Xiomara Castro a Antonio Guterres, y el cual incluyó las figuras de acusador privado y de colaboración eficaz.

Estos mecanismos (querellante autónomo y colaborador eficaz) son a lo que más le teme la clase política, incluyendo la familia de la presidenta Castro y su esposo, el exmandatario Manuel Zelaya (2006-2009), pues existe el riesgo de que alguno de sus parientes sea acusado por la Cicih, consideró Gabriela Castellanos.

“El principal obstáculo es la ineficiencia de los actores involucrados, mezclada con la falta de voluntad política que se ha acrecentado con los últimos escándalos de corrupción y narcotráfico que vinculan al círculo familiar de la presidenta, así como la medida desesperada de denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos”, aseguró Castellanos.

Este señalamiento de Castellanos es en referencia a que, por instrucciones de Castro, el gobierno canceló el 30 de agosto el tratado de extradición con Estados Unidos, como reacción a una crítica que hizo la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, a una reunión entre autoridades de Defensa de Honduras y sus similares de Venezuela, en Caracas.

«Fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto sentados al lado de un narcotraficante», afirmó Dogu.

Dogu hizo alusión al encuentro que tuvo en agosto pasado, José Manuel Zelaya, entonces secretario de Defensa, y Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el entonces ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, quien está acusado por narcotráfico en Estados Unidos.

Tres días después de que se cancelara el acuerdo de extradición, trascendió un video de 2013 en el que el entonces secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, cuñado de Xiomara Castro, aparece negociando con varios narcotraficantes un pago de 650 mil dólares destinados a financiar la campaña de ella, quien era en ese entonces la candidata presidencial de Libre para las elecciones generales de ese año.

La anulación del acuerdo fue considerada por varios críticos como una forma de evitar una posible solicitud de extradición de Carlos Zelaya, quien renunció al cargo de secretario tras el escándalo, y que eso habría aumentado la resistencia de la ONU a firmar el acuerdo. La publicación también hizo que su hijo, José Manuel Zelaya, dimitiera del puesto.

A criterio de la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, existe la percepción de que el Ministerio Público, que dirige Johel Zelaya, afín a Libre, ha comenzado a frenar investigaciones en contra de funcionarios actuales, por lo que solo una misión internacional independiente podría realizar las pesquisas.

“Tendría (la Cicih) que investigar estos casos, de lo contrario, quedaría como la Fiscalía actual que aparentemente no está queriendo tocar los casos que le han llegado de este gobierno, que está protegiendo a funcionarios de este gobierno y para demostrar su neutralidad y profesionalismo tendría que tocar también estos casos”, indicó.

Nuevo gobierno, mismo bloqueo

Las elecciones generales de 2025 definirán la continuidad de Libre en el Ejecutivo o el regreso de la oposición al poder, pero, sea quien sea el ganador, la creación de la institución internacional seguirá siendo bloqueada por los políticos, consideró la directora del CNA.

“El peligro de que no se instale la Cicih es latente y alarmante, incluso si es el mismo partido oficialista quien llegara a ganar las elecciones. El problema, más allá de la afinidad partidista, es la clase política tradicional con alta tendencia de inmoralidad, quienes tejen los hilos del poder para sacar provecho particular a costas de la administración pública”.

Con una institucionalidad tan débil de los operadores de justicia, si no se concreta la llegada de la comisión, se seguirá “fomentando este fenómeno de la corrupción en todos los niveles”, remarcó, por su parte, Ana María Calderón.

Al inicio del gobierno se percibió que existía la intención de crear este mecanismo, “pero luego fueron generándose otras situaciones, que terminaron por casi desaparecer, diríamos, esta voluntad inicial”, opinó Calderón.

Según la exfuncionaria internacional, parte de los tropiezos que ha tenido la negociación ha sido porque, a petición de la ONU, se solicitó que fueran secretas, lo que ha generado desconfianza en la sociedad.

“Creo que una de las cosas que ha perjudicado todo esto es la secretividad, el mantener en silencio, en mantener oculto lo que se conversa, las peticiones por parte de Naciones Unidas, cómo avanza también el gobierno o el Congreso, o el Estado de Honduras en solucionar las peticiones”.

En la misma línea de ideas se expresó Gabriela Castellanos: “Para la ciudadanía este comportamiento de opacidad genera suspicacia e incrementa la desconfianza generalizada sobre la negociación, por lo que queda abierta la invitación para que el gobierno comunique oportunamente los avances o retrasos del acuerdo”.

El ministro de Transparencia, Jorge Coello, dijo en una escueta comunicación telefónica, que el gobierno ha cumplido con todos los requerimientos de la ONU para que se firme el convenio.

Línea de tiempo de negociación de la Cicih entre Honduras y la ONU

27 de enero de 2022

• Promesa de la Cicih: Xiomara Castro asume la presidencia y promete la instalación de la Cicih como una de sus principales acciones para combatir la corrupción.

15 de diciembre 2022

• Firma del primer memorándum de entendimiento: Honduras y la ONU firman un memorándum para iniciar el proceso de instalación.

Marzo 2023

• Reunión de seguimiento: Equipos negociadores se reúnen en Nueva York para evaluar los avances y determinar los pasos siguientes​.

15 de junio 2023

• Primera ampliación del memorándum: La ONU hace observaciones sobre el borrador del convenio y amplía el acuerdo para incluir un equipo técnico que evalúe el sistema judicial de Honduras​.

18 de septiembre 2023

• Entrega del primer borrador del convenio: Honduras presenta el primer borrador del convenio a la ONU en Nueva York​.

17-18 de abril de 2024

• Segunda ampliación del memorándum: No hay acuerdos, los avances son pocos y se decide hacer una segunda ampliación

17-18 de abril de 2024

• Presentación de Iniciativas de ley en el Congreso: Xiomara Hortencia Zelaya presenta las leyes de Querellante Autónomo y Colaboración Eficaz, pero enfrentan bloqueos en el Congreso​.

14 de junio de 2024

• Tercera ampliación del memorándum: La ONU y el gobierno siguen sin resolver trabas para firma dela cuerdo,

Julio 2024

• Intento fallido de reforma constitucional: La propuesta de elevar a la Cicih a rango constitucional es rechazada en el Congreso por falta de votos​.

24 de septiembre 2024

• Entrega del segundo borrador del convenio: Xiomara Castro entrega un segundo borrador del convenio a la ONU en la Asamblea General en Nueva York​.

Octubre 2024

• 1,000 días sin la Cicih: Se cumple este hito sin que el organismo haya sido instalada, a pesar de las negociaciones y propuestas legislativas​.

LEA: Laura Dogu: «La corrupción en Honduras es profunda y urgente la implementación de la Cicih»